El ámbito judicial puede parecer complejo e intimidante para cualquier persona, y de forma particular para las personas con discapacidad. Comprender la jerga legal, seguir el ritmo de un procedimiento o expresarse con claridad en un entorno formal como una sala de vistas presenta desafíos únicos. Aquí es donde emerge una figura clave: el experto facilitador para personas con discapacidad. Más que un simple representante legal, un facilitador es un puente esencial para garantizar que el acceso a la justicia sea real y efectivo, adaptado a las necesidades individuales.
El rol del facilitador procesal: Tu apoyo fundamental en el juzgado
Un facilitador para prestar apoyo a personas con discapacidad es un profesional experto que trabaja, según sea necesario, con el personal de justicia y con las personas con discapacidad para asegurar una comunicación eficaz en los procedimientos judiciales. Apoya a las personas con discapacidad para que comprendan y tomen decisiones informadas, asegurándose de que todo el proceso se explique a través de un lenguaje comprensible y de que se le proporcionen los ajustes y apoyos adecuados. El rol como facilitadora es ser precisamente ese apoyo fundamental. Gracias a una formación especializada (incluido un curso de más de 100 horas), actúo para asegurar que la persona con discapacidad comprenda cada etapa del proceso, desde los documentos iniciales hasta las intervenciones en sala. Mi objetivo es que la persona pueda participar plenamente y que su voz sea escuchada y entendida.
La base legal de la facilitación: Un nuevo enfoque en los derechos
La figura del facilitador judicial no nace de la nada, sino de un profundo cambio en la visión social y legal hacia la discapacidad. Históricamente, la respuesta jurídica solía centrarse en la incapacitación judicial, limitando la autonomía de la persona. Sin embargo, la evolución hacia un enfoque basado en los derechos humanos y la inclusión social ha impulsado una reforma legislativa crucial. Un hito en este cambio es la Ley Orgánica 8/2021, de 2 de junio, que modificó diversas leyes para adaptar nuestro ordenamiento al de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta ley enfatiza la necesidad de proveer apoyos para que las personas puedan ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones. La facilitación es, por tanto, una manifestación directa de este nuevo paradigma legal.
En la Comunidad de Madrid, existe el Decreto 52/2024, de 8 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el servicio y se regula la figura del personal experto facilitador para prestar apoyo a las personas con discapacidad en las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid, aunque solo se refiera al experto facilitador judicial.
¿Quién puede beneficiarse de un facilitador judicial?
Está diseñado para apoyar a cualquier persona que, debido a sus circunstancias, pueda encontrar barreras en el entorno judicial.
Adaptando el apoyo a diferentes tipos de discapacidad
El apoyo se adapta de forma individualizada a las necesidades específicas que surgen de cada tipo de discapacidad, ya sea física, psíquica, sensorial o intelectual. Cada persona es única, y la facilitación se centra en entender y responder a esas particularidades para asegurar la comprensión y la participación efectiva en el proceso.
Cómo acceder a un servicio de facilitación para personas con discapacidad
Acceder a un facilitador procesal es un paso importante para garantizar un proceso judicial justo e inclusivo. Existen diferentes vías para solicitar mi servicio.
Solicitud Directa vs. Petición a través de la Comunidad de Madrid
Puedes contratar mis servicios de experta facilitadora de forma directa, contactando conmigo personalmente. Alternativamente, el servicio también puede ser solicitado a través de la Comunidad de Madrid, facilitando el acceso para quienes prefieran esta vía, en este caso no se puede garantizar que sea yo quien te toque.
¿Quién puede solicitar a una facilitadora?
La solicitud puede ser iniciada por varias figuras dentro del proceso judicial: la puede pedir el abogado que represente a la persona, la propia persona con discapacidad interesada, el Ministerio Fiscal o incluso el juez de oficio si considera que es necesario. No obstante, en la mayoría de los casos, es recomendable y más ágil que la solicitud parta de la propia persona con discapacidad o de su entorno cercano, siempre respetando su autonomía.
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